| Summary: | El derecho de propiedad es una variable clave en el desarrollo económico, pues es considerada una condición previa esencial para el crecimiento económico y social (Norton, 1998). El capital social, por su parte, se basa en el trabajo en red que genera externalidades positivas a través del uso de determinadas normas y de la confianza generada dentro de las organizaciones sociales (Durlauf & Fafchamps, 2005). Los estudios acerca de los efectos de la titulación sobre el capital humano y capital económico de las familias han sido fundamentales para la elaboración de políticas públicas en economías en desarrollo (De Soto, 2011). De manera paralela, el capital social ha sido estudiado como determinante del ingreso per cápita, escolaridad, índices de democracia, entre otros; así como, variable dependiente de la estructura familiar, características del individuo, género, entre otros (Durlauf & Fafchamps, 2005). La literatura que explora el efecto de la titulación sobre el capital social es muy limitada, sin embargo, DiPasquale & Glaeser (1999) dieron un gran aporte al establecer que existe una fuerte correlación entre la tenencia de un título de propiedad y las variables que implican ser un buen ciudadano1. De manera general, los autores mencionaron que una manera de invertir en capital social era a través de un mayor involucramiento por parte de los individuos de una comunidad en sus entornos locales a través de la participación en temas políticos o en organizaciones no profesionales. Además, se dijo que la inversión en capital social era incentivada, en gran parte, por la titularidad que los individuos tenían en sus predios, pues ello generaba una barrera a la movilidad y motivaba a los habitantes de una comunidad a trabajar para mejorarla. Si bien los resultados no fueron concluyentes, se logró expandir la literatura sobre el capital social. En ese sentido, este trabajo busca explicar y cuantificar el efecto de un programa de titulación sobre una serie de medidas de capital social vinculadas principalmente con la participación en grupos sociales no profesionales. Para ello, se usará dos fuentes de información provenientes de COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal): la Línea de base sobre la situación social de población y viviendas realizada en el año 2010 y la Encuesta de Evaluación de Impacto (Seguimiento) realizada en el año 2012. Ambas bases de datos contienen información de un único cuestionario base.
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