| Summary: | TESIS PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS === La participación ciudadana es un elemento relevante y de creciente discusión en
Chile, particularmente en lo relacionado a la instalación de grandes proyectos de
inversión y sus distintos impactos en el territorio. El presente trabajo, de carácter
exploratorio, pretende arrojar algunas luces respecto a la potencial incorporación
de la participación ciudadana temprana en el contexto de la institucionalidad
ambiental vigente. Específicamente, se analizan cuatro iniciativas que tienen en
común la participación activa del Estado: i) La Guía de Estándares de Participación
y Diálogo (Ministerio de Energía); ii) Acuerdos Voluntarios de Pre inversión
(Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático); iii) Propuesta de
Relacionamiento Temprano (SEA); e iv) Institucionalidad de Diálogo Territorial
(Alianza Valor Minero). La metodología de evaluación utilizada corresponde a un
enfoque mixto, combinando elementos cualitativos y cuantitativos, y un diseño del
tipo exploratorio descriptivo. En resumen, los instrumentos que incluyen la
participación temprana consideran la participación del Estado, las empresas y las
comunidades; son de carácter voluntarias, complementarias y acotadas
(considerando un espectro limitado de proyectos); se concibe participación
informativa, consultiva y resolutiva; son financiados por el Estado y las empresas;
no existe un costo estándar, pero en el caso del AVP se estima un costo de
implementación de 30 millones por proyecto; la realización adecuada del proceso
participativo permite que los proyectos de inversión consideren de mejor manera
los alcances de sus principales impactos, y en consecuencia se abra la
oportunidad de contar con proyectos más sustentables considerando variables
económicas, sociales y ambientales.
A modo de sugerencia de política pública, se propone la incorporación de la
participación ciudadana temprana antes del ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental; de carácter obligatorio, y que los acuerdos logrados sean
vinculantes; se propone la instalación de una entidad que coordine las distintas
iniciativas en su conjunto; que los procesos sean financiados por las empresas, y
la administración de los fondos, a través de un fondo ciego, sea realizado por la
institución coordinadora u otra que genere garantías al proceso; finalmente,
debería ser aplicado tanto a proyectos que ingresen vía declaración de impacto
ambiental como vía evaluación de impacto ambiental.
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