| Summary: | La presente investigación analiza la constitucionalidad –y, por tanto, la coherenciade
la aplicación de la prueba de oficio en el sistema jurídico peruano, el mismo que,
desde el punto de vista de la moderna legislación procesal penal, se entiende como
acusatorio y adversarial. Para realizar este análisis a la prueba de oficio, se examina
a fondo el rol del Juez penal en el ordenamiento jurídico peruano (la Constitución
de 1993 y en el Código Procesal Penal de 2004, sus antecedentes legislativos y
normativa conexa, así como el análisis de la jurisprudencia y doctrina nacional), en
función del diseño de las funciones que tiene dicho funcionario en la Constitución
Política del Perú. Se realiza también el estudio del Ministerio Público como
complemento de la actuación jurisdiccional, en su relación con la Constitución y la
norma procesal penal, así como sus antecedentes legislativos, y el importante papel
que cumple como titular de la acción penal dentro del sistema procesal. En el
Código Procesal Penal de 2004 con un sistema que se supone es acusatorio y
adversarial, se analiza la prueba de oficio, primero desde una comparativa de ésta
con la legislación internacional, arribando -respecto de la mecánica de la prueba- a
cuestionamientos respecto de, si se prueban los hechos o las afirmaciones de las
partes y, si la prueba desvirtúa o desnaturaliza la mecánica general de la actividad
probatoria. Finalmente nos enfocamos en la prueba oficiosa y su legitimidad dentro
del proceso penal peruano, se confronta aquí al denominado modelo antiguo y el
actual modelo procesal penal, partiendo de la premisa si dicha confrontación
soluciona la legitimidad de la prueba oficiosa, y si la verdad justifica los medios,
concluyendo con la postura del presente trabajo al fundamentar que la prueba
oficiosa, no es acogida por el modelo constitucional vigente. === Tesis
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