| Summary: | Nuestro trabajo intenta esbozar el razonamiento jurídico mediante el cual el derecho aprehende las actividades realizadas en la red. El instrumento jurídico que guía ese proceso es el principio de neutralidad tecnológica. Para explicar su función, nos detendremos en ámbitos sectoriales en los que su aplicación ordena relaciones de derecho administrativo y que permiten una indagación primera sobre las funciones que ejerce el Estado en relación con Internet. La garantía de la libertad de expresión por parte de los poderes públicos exige, según los casos, su abstención, una intervención de carácter ordenador o una intervención de carácter prestacional. Mediante un análisis centrado en el principio de neutralidad tecnológica intentaremos singularizar las actividades de difusión de información realizada tanto por los particulares como por la propia administración. Aunque se trata de supuestos distintos, ambas actividades de difusión se encuentran conectadas. El conocimiento de la ciudadanía respecto de los servicios y actividades realizadas por las administraciones es indispensable para permitir el correcto ejercicio de los derechos a la libertad de información y expresión y la participación en los asuntos públicos, pues su ejercicio estará mejor encuadrado en parámetros de interés público, de acción colectiva. Así, intentaremos dar algunos elementos para el debate acerca de la caracterización de los portales de la administración y la búsqueda de un régimen jurídico garante de los derechos a los que hacíamos referencia.
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