¿Cárcel para colusores? Reflexiones sobre la criminalización de las prácticas anticompetitivas en el Perú
El 29 de agosto de 2020, en un intento por atender algunos de los reclamos de la población en el marco de la crisis sanitaria, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley 31040, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, e...
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Asociacion Civil THEMIS
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doaj-aa5163dd6a1c4210ba82c33bd0e4f7ee2021-09-14T19:08:47ZspaAsociacion Civil THEMISThēmis1810-99342020-09-0178¿Cárcel para colusores? Reflexiones sobre la criminalización de las prácticas anticompetitivas en el PerúFrancisco José Floríndez Aramburú0Sebastián Velarde Ferreyros1Laura Zúñiga Alemán2Rodrigo, Elías & Medrano AbogadosRodrigo, Elías & Medrano AbogadosLuz del Sur S.A.A. El 29 de agosto de 2020, en un intento por atender algunos de los reclamos de la población en el marco de la crisis sanitaria, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley 31040, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, especulación y adulteración, que tiene por objeto criminalizar la realización de prácticas anticompetitivas. Dichas prácticas, hasta antes de la promulgación, eran merecedoras únicamente de sanciones administrativas impuestas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. En el presente artículo, los autores presentan algunas reflexiones sobre la compatibilidad de la referida Ley con el ordenamiento jurídico peruano. De esa manera, fundamentan por qué constituye un obstáculo para la represión de prácticas anticompetitivas e incrementa el nivel de inseguridad jurídica para los administrados https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/24173Ley 31040abuso de poder económicoprácticas anticompetitivaslibre competenciasanción penal |
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El 29 de agosto de 2020, en un intento por atender algunos de los reclamos de la población en el marco de la crisis sanitaria, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley 31040, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, especulación y adulteración, que tiene por objeto criminalizar la realización de prácticas anticompetitivas. Dichas prácticas, hasta antes de la promulgación, eran merecedoras únicamente de sanciones administrativas impuestas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi.
En el presente artículo, los autores presentan algunas reflexiones sobre la compatibilidad de la referida Ley con el ordenamiento jurídico peruano. De esa manera, fundamentan por qué constituye un obstáculo para la represión de prácticas anticompetitivas e incrementa el nivel de inseguridad jurídica para los administrados
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