| Summary: | Este artículo muestra que las rigideces estructurales del gasto público en los diferentes entornos institucionales restringen el mercado de evaluación de resultados. Por tal razón es necesario buscar un respaldo legal que sirva de marco para un desarrollo institucional que favorezca el proceso de evaluación. La clave para el desarrollo de la capacidad de evaluación se encuentra en los incentivos a la demanda, que permiten asegurar el vínculo entre resultados de las evaluaciones y asignaciones presupuestales. La evaluación consiste en recopilar y ordenar información para luego tomar decisiones objetivas. Por esto, los procesos de autoevaluación y la evaluación de resultados son indispensables en la modernización del Estado en América Latina.
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