La contratación de los servicios jurídicos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

La Directiva 2014/24/UE, aprobada por el Parlamento Europeo el 14 de enero de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de marzo de 2014, incorpora novedades en cuanto al régimen jurídico de los contratos de servicios en general, y también en cuanto al régimen aplicable a los...

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Main Author: Jesús Rubio Beltrán
Format: Article
Language:Spanish
Published: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 2019-04-01
Series:Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica
Subjects:
Online Access:https://revistasonlinepre.inap.es/index.php/REALA/article/view/10570
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spelling doaj-8dcd91a9be5d4da58d19b23b7ac665572021-04-19T14:17:11ZspaInstituto Nacional de Administración Pública (INAP)Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica1699-74761989-89752019-04-0111La contratación de los servicios jurídicos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PúblicoJesús Rubio Beltrán0Diputación Provincial de Zaragoza (España) La Directiva 2014/24/UE, aprobada por el Parlamento Europeo el 14 de enero de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de marzo de 2014, incorpora novedades en cuanto al régimen jurídico de los contratos de servicios en general, y también en cuanto al régimen aplicable a los contratos de servicios jurídicos, en particular. Transpuesta la Directiva por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las exclusiones de los servicios jurídicos de su regulación y aplicación, lejos de ser respetadas, no han sido atendidas por el legislador nacional, ni tan siquiera en la regulación de un régimen simplificado de contratación de estos servicios. Este estudio aborda el tratamiento de la contratación de los servicios jurídicos en la LCSP; las particularidades en la contratación de estos servicios derivadas de la mutua confianza como elemento que caracteriza la prestación de los servicios jurídicos; y la necesidad de un tratamiento diferenciado en la contratación de determinados servicios jurídicos –los excluidos por el art. 10.d) de la Directiva–, como medida posible en aplicación de la Directiva 2014/24/UE. https://revistasonlinepre.inap.es/index.php/REALA/article/view/10570Contratos públicosservicios jurídicoscalificación del contratotransposición de Directivas
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1989-8975
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