| Summary: | El presente artículo parte de considerar a las políticas públicas como procesos sociales constituidos en torno a una problemática o cuestión, los cuales incluyen no solo al Estado, sino a múltiples actores de la sociedad civil con intereses y percepciones diversas respecto al mismo. Bajo esta concepción, se analiza el caso particular del conflicto entre actores de interés surgido en torno a la política de prohibición de la tracción a sangre sancionada por el Municipio de Quilmes en el año 2012. Dicha política, a pesar de ser aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el Ejecutivo local, no logró ser implementada. Se sostiene como hipótesis que la intervención formulada no pudo ponerse en marcha dado que la misma no consiguió conciliar los intereses en disputa y exacerbó el conflicto. Los carreros -cartoneros a caballo- fueron incentivados, al percibir a esta normativa como una amenaza a su fuente de trabajo, a organizarse logrando constituirse como actores con poder de veto informal.
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