| Summary: | este artículo se basó en fundir dos derechos fundamentales -la defensa del consumidor y el derecho a la educación-, a fin de concretar la protección de otros dos bienes jurídicos, que son: la libertad de elección del consumidor y la igualdad en las contrataciones, así como como la protección del medio ambiente. Se propuso a continuación la elaboración de una política pública de educación formal para el consumo, teniendo en cuenta innumerables hechos sociales, políticos y económicos que se verifican en el día a día y que distorsionan la racionalidad del consumidor, como las prácticas comerciales de recaudación de consumidores, las políticas económicas de incentivo al consumo y la política educativa despreocupada con el desarrollo del poder de reflexión y juicio crítico del ciudadano. Se pretendió, al final, definir la competencia institucional para la elaboración de esa disciplina curricular, así como el formato jurídico-político para su concreción
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