Summary: | Uno de los principales objetivos que emprendió el Estado de la Nueva Granada (1832-1855) fue la promoción de las escuelas de primeras letras en todos los rincones de la República. Parte de esta política se reglamentó a partir de la Ley 1ª de 19 de mayo de 1834, junto con las adicionales (Ley 2ª de 16 de mayo de 1836 y la 3ª de 13 de junio de 1844), las cuales dieron el marco para que las cabeceras parroquiales promovieran la fundación de establecimientos educativos. Sin embargo, la política tendiente a la promoción de ciudadanos letrados generó conflictos entre los vecinos de las localidades, ya por las contribuciones que se exigían a sus habitantes para su financiamiento o por el nombramiento de los preceptores de primeras letras. Estos conflictos se examinan en el presente artículo, develando como detrás de ellos, estaban las rivalidades locales y las facciones en que estaban escindidas las parroquias, mostrando como la difusión de la instrucción primaria, fue compleja y tortuosa, pues el proceso estatal se enfrentó a los entramados del poder local.
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